Los países que han rubricado la declaración con sus jefes de Estado presentes han sido Argentina, Ecuador, Venezuela, Uruguay y Surinam. Los presidentes de Brasil, Colombia, Chile y Perú no han estado en Cochabamba. En su lugar ha habido representantes de estos otros cuatro países de Unasur formando parte del acto, que ha recibido la denominación de Declaración de Cochabamba y ha otorgado su respaldo al presidente Morales, víctima, dice el documento, de un “acto insólito, inamistoso y hostil que configura un hecho ilícito”.
La Declaración, de siete puntos, apoya las acciones que Bolivia pueda encaminar ante organismos internacionales, así como la denuncia, que ya se presentó, ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU “por la grave violación de derechos humanos y puesta en peligro de la vida” del presidente Morales y de la tripulación del avión.
Los seis jefes de Estado han aprobado la formación de una comisión de cancilleres encargada de efectuar un seguimiento hasta el total esclarecimiento de los hechos en el caso. En el debate, el presidente de Uruguay, José Mujica, defendió el derecho de asilo que tiene todo ser humano y lamentó que haya “potencias que, parece, quieren aplicar una especie de terrorismo político sobre el derecho del asilo, una institución que defendemos todos los luchadores de la historia de la humanidad”.
Mujica recordó ante sus colegas “en nombre de los perseguidos que el derecho de asilo es sagrado” y es un principio que debe consolidarse en el seno de todas las sociedades. El mandatario uruguayo aseguró que los países europeos “metieron la pata". Mujica reiteró lo señalado por los otros presidentes, que cuando un país y un gobierno sufre agresión, toda la región es agredida. “Todos nos sentimos agredidos y por eso pedimos, en nombre de la civilización altura y decencia. Equivocarse es ley de la vida, cometer errores es inevitable. Hay que poner la cara y asumir la responsabilidad”.
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, calificó de “muy grave” la violación de normas de derecho internacional y la inseguridad jurídica derivadas de la inusitada determinación de cancelar los permisos previos de sobrevuelo del avión presidencial boliviano. “Si yo fuera presidenta de uno de estos países estaría muy preocupada por el papelón incurrido y por tanta plata tan mal gastada para tan mala información”, dijo Fernández.
